Recomendaciones

Este informe exhorta a los gobiernos a abordar las necesidades educativas de las poblaciones migrantes y desplazadas, y las de sus hijos, con la misma atención que prestan a las poblaciones de acogida.

CRÉDIT: Achilleas Zavillis / UNHCR. Des garçons afghans déplacés forment une «chaîne de marguerites» pour assister à des cours d'anglais spéciaux au centre d'Oinofyta, en Grèce, en 2016.

PROTEGER EL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LOS MIGRANTES Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS

El principio de no discriminación en la educación está reconocido en las convenciones internacionales. Las barreras discriminatorias, como la exigencia de certificados de nacimiento, deben estar prohibidas explícitamente en la legislación nacional. Los reglamentos existentes no deben tener lagunas ni zonas grises que puedan dejarse a criterio de la interpretación de los funcionarios locales o de la administración escolar. Los gobiernos deben proteger el derecho a la educación de los migrantes y los refugiados, independientemente de sus documentos de identidad o su situación de residencia, y aplicar las leyes sin excepción.

El respeto al derecho a la educación no debe limitarse a la legislación y los procedimientos administrativos. Las autoridades nacionales deben organizar campañas de sensibilización para informar a las familias de los migrantes y desplazados acerca de sus derechos y los trámites de inscripción en las escuelas. Las autoridades de planificación deben garantizar que haya escuelas públicas al alcance de los asentamientos informales y barrios marginales y que no se descuiden estos aspectos en los planes de rehabilitación urbana.

INCLUIR A LOS MIGRANTES Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

Algunos sistemas educativos tratan a los inmigrantes y refugiados como poblaciones temporales o transitorias, distintas de los nativos. Este enfoque es equivocado; obstaculiza su progreso académico, su socialización y sus oportunidades futuras, y no permite construir sociedades donde exista diversidad y cohesión. Las políticas públicas deben incluir a estas poblaciones en todos los niveles de la educación nacional.

La inclusión de los inmigrantes reviste diversas dimensiones. Si bien es cierto que un nuevo idioma de enseñanza requiere clases preparatorias, los alumnos deben estar separados lo menos posible de sus compañeros nativos. Los sistemas educativos no deberían orientar hacia canales educativos separados a los alumnos cuyos resultados académicos son más bajos, entre los cuales los inmigrantes son muy numerosos. Dada la concentración geográfica de alumnos inmigrantes en muchos países, los planificadores de la educación deben utilizar métodos tales como los subsidios de transporte y la asignación aleatoria de escuelas para velar por que la segregación residencial no provoque también una segregación educativa.

Los gobiernos deben velar por que la educación de los refugiados se interrumpa lo menos posible. Si bien circunstancias excepcionales como el aislamiento físico de las comunidades de refugiados o los límites de capacidad del sistema que los acoge pueden impedir la inclusión total, los gobiernos deben reducir al mínimo el tiempo pasado en las escuelas sin seguir los currículos nacionales o sin avanzar hacia certificaciones reconocidas, ya que este tiempo compromete la trayectoria educativa.

ENTENDER Y PLANIFICAR LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS MIGRANTES Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS

Los países que reciben una gran afluencia de inmigrantes y refugiados necesitan recopilar datos sobre estas poblaciones en sistemas de información de gestión, para poder planificar y presupuestar en consecuencia. Proporcionar plazas escolares u oportunidades de trabajo a los migrantes y refugiados es solo el primer paso para la inclusión.

Los entornos escolares deben adaptarse y atender a las necesidades de los alumnos. Aquellos que pasan a un nuevo idioma de enseñanza necesitan programas “puente” con maestros cualificados. Aquellos cuya educación fue interrumpida se beneficiarán con programas educativos acelerados que les permitan ponerse al día y volver a ingresar en la escuela en el nivel apropiado. La inclusión de los refugiados en la educación tendrá más probabilidades de éxito si se extiende a los programas de protección social, para permitir a los refugiados percibir, por ejemplo, transferencias condicionales en efectivo para cubrir los costos escolares ocultos. En el caso de los migrantes internos, en particular los hijos de nómadas o trabajadores estacionales, los gobiernos deberían contemplar el establecimiento de calendarios escolares flexibles, sistemas de seguimiento de la educación y currículos relacionados con sus medios de vida.

Los adultos necesitan apoyo para desarrollar sus competencias a través de la educación y formación técnica y profesional y para superar dificultades, como ocupaciones poco cualificadas o altos costos de formación, que desalientan su inversión en la adquisición de capacidades. Necesitan programas de educación financiera para poder gestionar su situación económica, aprovechar al máximo las remesas y evitar estafas o explotación financiera. Los programas de educación no formal, que pueden ser organizados por los gobiernos locales, pueden contribuir al fortalecimiento de la cohesión social.

REFLEJAR CON EXACTITUD EN LA EDUCACIÓN LAS HISTORIAS DE MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTOS PARA CONTRARRESTAR LOS PREJUICIOS

Construir sociedades incluyentes y ayudar a las personas a vivir juntas requiere más que la mera tolerancia. Los gobiernos deben revisar los contenidos de la enseñanza y el modo en que se imparte, adaptar los planes de estudio y reconsiderar los libros de texto para reflejar la historia y la diversidad actual. Los contenidos educativos deben poner de relieve la contribución de la migración a la riqueza y la prosperidad. También deben reconocer las causas de tensión y conflicto, así como el legado de las migraciones que desplazaron o marginaron a las poblaciones. Los enfoques pedagógicos deberían promover la apertura a perspectivas múltiples, fomentar los valores de convivencia y valorar los beneficios de la diversidad. Deben contrarrestar los prejuicios y desarrollar la capacidad de pensamiento crítico, para que los alumnos puedan superar incertidumbres al relacionarse con otras culturas y rechazar las imágenes negativas de inmigrantes y refugiados que transmiten los medios de comunicación. Los gobiernos deben aprovechar las experiencias positivas de la educación intercultural.

PREPARAR A LOS MAESTROS DE MIGRANTES Y REFUGIADOS A ENFRENTAR LA DIVERSIDAD Y LAS DIFICULTADES

Los maestros necesitan apoyo para convertirse en agentes del cambio en entornos escolares cada vez más marcados por la migración y los desplazamientos.

Los programas actuales de formación docente que abordan la migración suelen ser especiales y no forman parte del plan de estudios principal. Los gobiernos deben invertir en una formación inicial y permanente de los docentes que cree competencias básicas y capacidad para gestionar entornos diversos, multilingües y multiculturales, que también afectan a los estudiantes nativos. Es preciso sensibilizar a todos los docentes acerca de la migración y los desplazamientos, no solo a aquellos que enseñan a un alumnado de gran diversidad.

Los docentes y directores de escuelas en ejercicio y quienes aspiran a serlo deben disponer de herramientas para enfrentar los estereotipos, los prejuicios y la discriminación en el aula, en el patio de las escuelas y en la comunidad, y para reforzar la autoestima y el sentimiento de pertenencia de los alumnos inmigrantes y refugiados. Los docentes que trabajan en contextos de desplazamiento deben también ser sensibles a las dificultades particulares que enfrentan los alumnos desplazados y sus padres, y entrar en contacto con sus comunidades. Si bien los maestros no son consejeros de ayuda personal, se los puede formar para que reconozcan el estrés y el traumatismo y remitan a especialistas a las personas necesitadas. Si no hay especialistas, los docentes pueden constituir el único acceso que algunas familias podrán tener a tales servicios, y deben estar preparados para ello. Los maestros de refugiados y los docentes desplazados sufren ellos mismos un estrés adicional. Las políticas de gestión deben reconocer y aliviar las enormes dificultades que enfrentan algunos educadores en su trabajo; deben asimismo regular y garantizar la igualdad entre los distintos tipos de profesionales de la docencia para mantener la moral, e invertir en la formación profesional.

APROVECHAR EL POTENCIAL DE LOS MIGRANTES Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS

Los migrantes y los refugiados poseen competencias que pueden ayudar a transformar no solo sus vidas y las de sus familias, sino también las economías y sociedades de sus países de destino y de origen, ya sea que regresen a este o le presten apoyo a distancia. Para aprovechar este potencial se requieren mecanismos más sencillos, más baratos, más transparentes y flexibles para reconocer las cualificaciones académicas y las competencias profesionales (incluyendo las de los docentes) y para tener en cuenta el aprendizaje previo que no ha sido convalidado o certificado.

Los países deben dar seguimiento a los compromisos del Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular con respecto al reconocimiento mutuo de las cualificaciones, y llevar a su término las negociaciones relativas al proyecto de Convenio mundial sobre el reconocimiento de cualificaciones relativas a la educación superior, para que este pueda ser aprobado en 2019. Los organismos de evaluación y de autorización y las instituciones académicas deberían armonizar sus requisitos y procedimientos a nivel bilateral, regional y mundial, trabajando en colaboración con los gobiernos y las organizaciones regionales e internacionales. Unas normas comunes para la titulación, mecanismos de garantía de calidad y programas de intercambio académico pueden respaldar el reconocimiento de las cualificaciones.

ATENDER A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS MIGRANTES Y LAS PERSONAS DESPLAZADAS EN EL MARCO DE LA AYUDA HUMANITARIA Y PARA EL DESARROLLO

Si bien dos tercios de los migrantes internacionales se dirigen a países de altos ingresos, 9 de cada 10 refugiados son acogidos por países de ingresos bajos y medios, lo cual requiere el apoyo de los donantes internacionales. Para satisfacer las necesidades, se debería multiplicar por diez el porcentaje dedicado a la educación en la ayuda humanitaria. Una solución más sostenible es que la comunidad internacional cumpla con el compromiso del Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados, encaminado a vincular la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo desde las primeras etapas de una crisis, promoviendo una enseñanza integradora para las poblaciones refugiadas y de acogida. La educación debe incluirse en la formulación de la respuesta, especialmente en lo que respecta a la educación y la atención de la primera infancia. También debe formar parte de un paquete integral de soluciones que involucre a otros sectores, por ejemplo vivienda, nutrición, agua, saneamiento y protección social. Los donantes deben reflejar estas reformas en sus intervenciones humanitarias. Aprovechando el impulso creado por el fondo “La educación no puede esperar”, deben desarrollar capacidades de evaluación de las necesidades y trabajar mancomunadamente con la planificación para reducir la brecha entre el ámbito humanitario y el desarrollo y catalizar una financiación multianual previsible.

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